En este artículo, publicado en el diario El País de España, el escritor Fernando Savater dice que Chávez se equivoca al considerar las denuncias contra los etarras que aún pululan por su país, sean parte de una conspiración de la extrema derecha española contra su régimen.
Santuario no santo
Santuario no santo
Fernando Savater
El caso de los etarras asilados, agasajados y probablemente entrenados militarmente en Venezuela vuelve a poner de triste relieve la tolerancia de que esos terroristas han disfrutado en varios países iberoamericanos y también europeos. Es algo que viene de muy atrás. Pese a que España, cuando salió de la dictadura franquista, se convirtió en una democracia constitucional muy descentralizada, respetuosa de todas las ideas políticas y que inició su nueva etapa histórica con una generosa amnistía de todos los delitos de motivación ideológica aunque hubieran causado víctimas mortales, siguió padeciendo la desconfianza en ámbitos internacionales de quienes eran demasiado obtusos o demasiado sectarios para comprender esa transformación.
Los delincuentes etarras dispersos por los países menos escrupulosos siguieron siendo vistos como exilados perseguidos por sus ideas o como valientes guerrilleros en lucha contra un franquismo ya desaparecido, en lugar de como permanente amenaza contra la consolidación de las libertades democráticas y asesinos de los compatriotas que denunciaban sus fechorías.
Es indudable que los organismos oficiales de la democracia española fueron menos activos o menos eficaces en difundir la nueva realidad que encarnaban que la propaganda etarra o nacionalista radical en atacarla y deformarla.
Quienes desde hace décadas viajamos por el mundo dando charlas, asistiendo a congresos académicos o intercambiando opiniones con colegas internacionales así hemos tenido múltiples ocasiones de comprobarlo. Afortunadamente, este malentendido se ha ido disipando o diluyendo progresivamente, aunque sin desaparecer nunca del todo, sobre todo a partir de la alerta generalizada contra el terrorismo que provocaron los atentados en Estados Unidos, Madrid o Londres.
Por “culpa” feliz culpa, en este caso, porque hasta los sucesos más atroces pueden tener también inopinados beneficios colaterales de los islamistas fanáticos, ETA fue perdiendo sus santuarios en todas partes del mundo, así como la simpatía ilusa de que gozaba entre los peor informados. Sin duda, este giro y la ausencia de apoyos exteriores han contribuido decisivamente a acelerar su final, que hoy podemos considerar realistamente como bastante próximo.
El caso de Venezuela es por tanto una excepción ahora y no un caso más entre otros muchos. Se equivoca el presidente venezolano, Hugo Chávez, en considerar las denuncias contra los etarras que aún pululan por su país, sea por consentimiento gubernamental o por ceguera voluntaria, como parte de una conspiración de la extrema derecha española contra su régimen. Quienes protestamos por su falta de beligerancia contra los etarras somos todos los demócratas de un país que los ha padecido demasiado tiempo y que ha visto su estabilidad civil seriamente amenazada por esos comportamientos mafiosos.
El caso de un indeseable como Arturo Cubillas es particularmente obvio: aparte de los testimonios de terroristas detenidos contra él y de los indicios verificados judicialmente, sus propias declaraciones insultando a las víctimas del terrorismo y sus consideraciones sobre las actuales instituciones democráticas bastan para definir sobradamente su catadura política y moral. Hay que celebrar que ese tipo de manifestaciones, ayer por desgracia bastante comunes, suenen hoy como un auténtico atentado contra la concordia internacional y hasta contra el sentido común.
Además de unas disculpas que vienen envueltas ocasionalmente en bravuconadas, es exigible que el Gobierno venezolano se tome en serio la investigación y en su caso el castigo de esas actividades delictivas o de preparación para el delito. Y la nueva ministra de Asuntos Exteriores de España, Trinidad Jiménez, tiene la obligación de recordárselo, incluso acudiendo si es necesario a instancias jurídicas supranacionales.
© El País
Los delincuentes etarras dispersos por los países menos escrupulosos siguieron siendo vistos como exilados perseguidos por sus ideas o como valientes guerrilleros en lucha contra un franquismo ya desaparecido, en lugar de como permanente amenaza contra la consolidación de las libertades democráticas y asesinos de los compatriotas que denunciaban sus fechorías.
Es indudable que los organismos oficiales de la democracia española fueron menos activos o menos eficaces en difundir la nueva realidad que encarnaban que la propaganda etarra o nacionalista radical en atacarla y deformarla.
Quienes desde hace décadas viajamos por el mundo dando charlas, asistiendo a congresos académicos o intercambiando opiniones con colegas internacionales así hemos tenido múltiples ocasiones de comprobarlo. Afortunadamente, este malentendido se ha ido disipando o diluyendo progresivamente, aunque sin desaparecer nunca del todo, sobre todo a partir de la alerta generalizada contra el terrorismo que provocaron los atentados en Estados Unidos, Madrid o Londres.
Por “culpa” feliz culpa, en este caso, porque hasta los sucesos más atroces pueden tener también inopinados beneficios colaterales de los islamistas fanáticos, ETA fue perdiendo sus santuarios en todas partes del mundo, así como la simpatía ilusa de que gozaba entre los peor informados. Sin duda, este giro y la ausencia de apoyos exteriores han contribuido decisivamente a acelerar su final, que hoy podemos considerar realistamente como bastante próximo.
El caso de Venezuela es por tanto una excepción ahora y no un caso más entre otros muchos. Se equivoca el presidente venezolano, Hugo Chávez, en considerar las denuncias contra los etarras que aún pululan por su país, sea por consentimiento gubernamental o por ceguera voluntaria, como parte de una conspiración de la extrema derecha española contra su régimen. Quienes protestamos por su falta de beligerancia contra los etarras somos todos los demócratas de un país que los ha padecido demasiado tiempo y que ha visto su estabilidad civil seriamente amenazada por esos comportamientos mafiosos.
El caso de un indeseable como Arturo Cubillas es particularmente obvio: aparte de los testimonios de terroristas detenidos contra él y de los indicios verificados judicialmente, sus propias declaraciones insultando a las víctimas del terrorismo y sus consideraciones sobre las actuales instituciones democráticas bastan para definir sobradamente su catadura política y moral. Hay que celebrar que ese tipo de manifestaciones, ayer por desgracia bastante comunes, suenen hoy como un auténtico atentado contra la concordia internacional y hasta contra el sentido común.
Además de unas disculpas que vienen envueltas ocasionalmente en bravuconadas, es exigible que el Gobierno venezolano se tome en serio la investigación y en su caso el castigo de esas actividades delictivas o de preparación para el delito. Y la nueva ministra de Asuntos Exteriores de España, Trinidad Jiménez, tiene la obligación de recordárselo, incluso acudiendo si es necesario a instancias jurídicas supranacionales.
© El País
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